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Materias Penales
 





      
    El Derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, una pena o medida de seguridad o corrección, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica.                        

    El Derecho penal no se reduce solo al listado de las conductas consideradas delitos o faltas y la pena que a cada uno corresponde castigando al culpable, sino que a su vez de forma unitaria también tiene como finalidad la de resarcir civilmente de los daños y perjuicios que la infracción penal haya producido a la victima del delito,  siendo la misión intrínseca fundamental del derecho penal la de proteger a la sociedad en su conjunto.

         El Derecho Penal se rige por los principios de Legalidad, Tipicidad, de Tutela Judicial Efectiva, de Presunción de Inocencia, Indubio Pro Reo e Igualdad ante la Ley, que garantizan el derecho del justiciable y de las partes a un proceso penal con todas las garantías constitucionales y medios de defensa, siendo fundamental el ejercicio de los mecanismos legales que ofrece el Derecho Penal a través de un abogado penalista especializado en la materia, que vele por el escrupuloso respeto de dichos principios, derechos y garantías, que no en pocas ocasiones resultan vulnerados.                      

      En caso de vernos afectados por la comisión de un delito o falta, bien sea como víctima o bien como denunciado, imputado o acusado, el Derecho Penal pone a nuestra disposición todos los mecanismos necesarios para velar por la defensa de nuestros legítimos derechos e intereses, para formular una acusación, o para defendernos de la misma, para entablar los recursos oportunos o para oponernos a los formulados por la contraparte. En definitiva para en caso de ser victima (sujeto pasivo) de la infracción penal lograr el castigo público del culpable, y a su vez lograr resarcirse de los daños y perjuicios que el hecho punible haya podido producir en su esfera personal, moral, material y patrimonial o cuando menos lograr reducir al máximo dichos perjuicios. Y para el caso de ser acusado poder demostrar su inocencia, ser absuelto o cuando menos lograr que sea impuesta la menor pena, o lo más leve y atenuada posible.                        

        Por tanto el hecho de vernos implicados en la comisión de una infracción penal, como perjudicado o como imputado, ocasiona siempre una situación enojosa de intranquilidad y de incertidumbre, que afecta a la esfera, bienes y derechos más fundamentales de la persona (la Vida, la Integridad Física, la  Libertad, la Libre Deambulación, el Derecho al Honor, la Intimidad, la Propiedad, el Patrimonio).                      

      En materias tan importantes y decisivas como éstas, se hace imprescindible el asesoramiento legal y personación en el proceso de un abogado penalista con un alto grado de especialización y experiencia en dicha materia que asuma la defensa de nuestros derechos e intereses ante los Tribunales de  Justicia, siendo fundamental diseñar una línea de defensa desde el principio del asunto.                        

    El Derecho Penal engloba delitos y faltas que pueden afectarnos de las más variadas e imprevisibles formas. Inclusive los meros accidentes de tráfico que se originan a consecuencia de algunas conductas imprudentes punibles y ocasionan eventos lesivos pueden ser constitutivos de una falta del artículo 621 CP, que son investigadas y enjuiciadas por los Juzgados de Instrucción, y que si bien se tratan de infracciones penales leves, pueden conllevar efectos patrimoniales muy importantes.           

     La fuente del derecho penal por excelencia es la Ley, de la cual emana el poder para la construcción de las demás normas y su respectiva aplicación, lo cual entronca con el principio de tipicidad penal, es decir nadie puede ser sancionado penalmente si la conducta no está tipificada.

    Los principales mecanismos que articula la Ley Penal para poder defender nuestros derechos e intereses dentro de un proceso penal son la Denuncia, la Querella y los Recursos:

    La denuncia es poner en conocimiento de la autoridad judicial una infracción tipificada por el Código Penal contra quienes se estiman responsables de un delito o falta.          

    La querella es otra forma de abrir el proceso penal sujeta a ciertos formalismos especiales, a mayores requisitos y formalidades, debe ser escrita, con poder especial, y el que la presenta se constituye en parte acusadora del proceso y toma parte activa en el mismo desde el principio.

    Los Recursos jurisdiccionales que pueden ser entablados contra las resoluciones judiciales en el orden penal, nos permiten (siempre y obligatoriamente bajo la dirección jurídica de un Letrado) recurrir, reformar y revocar las decisiones del Juzgado “A Quo” o elevarlas en Apelación o Queja a los Órganos jurisdiccionales penales superiores como la Audiencia Provincial o en su caso Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.       

    Contra las resoluciones del Juez de Instrucción pueden ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja que se interpondrán siempre en escrito, autorizado con firma de Letrado.

     El recurso de Reforma podrá interponerse contra todos los autos del Juez de instrucción, así como contra las providencias.           
    
    El recurso de queja podrá interponerse contra todos los autos no apelables del Juez, y contra las resoluciones en que se denegare la admisión de un recurso de apelación, y se producirá ante el Tribunal superior competente.                         
   
    El Recurso de Apelación podrá interponerse únicamente en los casos determinados en la Ley, y se interpondrá ante el mismo Juez que hubiere dictado el auto o sentencia que lo elevara al superior. El recurso de Apelación por ejemplo puede interponerse contra sentencias dictadas por los juzgados de Instrucción en los Juicios de Faltas, contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal en Procedimientos Abreviados por delito, y en ese caso serán resueltos por la Audiencia Provincial Territorial correspondiente.             

     El Recurso de Casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma cabe por ejemplo contra las sentencias dictadas por las Audiencias en juicio oral y única instancia, es decir en los procedimientos ordinarios sumarios.                       

     Por otro lado la jurisprudencia es una herramienta fundamental para la interpretación de la Ley y para la defensa de nuestros intereses. La jurisprudencia es el conjunto de fallos firmes y uniformes dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado, son las reiteradas interpretaciones que de las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones, y pueden constituir una Fuente del Derecho.            

    La jurisprudencia es la reiteración de decisiones sobre un mismo asunto de forma similar, no es una sola decisión aislada, tiene que ver con una actividad plural de decisiones que consolidan una tendencia o precedente para la solución de un caso y que pueden ser muy favorables para la resolución de nuestro caso concreto.                        

    La doctrina también llega a influir en la formación de la ley, en casos en que el legislador, puede tener en cuenta opiniones de destacados expertos en la materia. La doctrina trata de influir en la jurisprudencia, para que aplique racionalmente la Ley, por tanto todo es un Círculo. La Ley es una fuente del derecho que hay que interpretar correctamente, y a la hora de aplicarla se utilizan herramientas como la jurisprudencia y la doctrina.                        

    Esto significa que para conocer el contenido cabal de las normas vigentes hay que estudiar las variaciones de la jurisprudencia, considerar cómo las normas se vienen aplicando en cada momento y sobre todo en la actualidad.                        

    Por todo ello desde la asistencia legal de nuestra firma Belles Abogados pretendemos poner a su disposición nuestra experiencia y especialización que nos permite ofrecerle como cliente una defensa integral de sus intereses desde la estrategia procesal adecuada.

   
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